La evolución de la economía de España, al finalizar la Guerra Civil, a lo largo de la década de los años 40, ha sido catastrófica, con una persistente crisis, más extensa e intensa que la sufrida por lo demás de territorios de Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que impidió conseguir los niveles económicos de previo a la Guerra Civil hasta finales de los 50.
A partir de 1939 el característico proteccionismo arancelario que había estado presente en España desde 1936, se convierte básicamente en un cierre y aislamiento de los mercados españoles. La posguerra y el aislamiento internacional de España provocaron una etapa de estancamiento. Este estancamiento fue agravado como consecuencia de una política económica de inspiración fascista, la Autarquía, que pretendía conseguir el crecimiento económico prescindiendo de todas las importaciones y sometiendo a la economía a un estrecho control y dirección por parte del Estado.
Pero el resultado fue un desastre. El hambre y la pobreza se extendieron. Se impuso el racionamiento, es decir, la limitación de la cantidad de alimentos que una familia podía adquirir legalmente, que quedaba registrada en una cartilla de racionamiento. Esta política favoreció, como es habitual, el auge del mercado negro. Tampoco se logró desarrollar adecuadamente la industria. A eso se sumaba una gran deuda pública.
La política industrial era poderosamente intervencionista, materializada en la sujeción de las inversiones industriales de cualquier clase a un sistema de autorización previa y la concesión de privilegios y estímulos a las industrias de interés nacional y el consiguiente estrangulamiento de la inversión extranjera por medio de la fijación de parámetros a la colaboración en el capital de las organización y la prohibición de contar con los saldos en pesetas en las cuenta corrientes de titulares con residencia en el extranjero.
En el campo del negocio exterior las medidas que se tomaron fueron más allá del establecimiento o endurecimiento de los aranceles, se produjo el establecimiento de un negocio de carácter bilateral, con fijación de controles bastante directo del tipo de cambio de la peseta, que exigían la necesidad de obtención de autorizaciones de canje de divisas, además se requerían funciones para negociar, las llamadas licencias de importación, se adoptaron cupos y contingentes a la importación y la vida de reservas de determinadas parcelas del negocio al propio Estado.
En política monetaria, en los mercados de capitales, la escasez de ahorro interno y el cierre de los mercados de todo el mundo llevaron al Estado a entablar una política expansionista de efectos inflacionistas dirigida a afirmar la financiación del sector público y a conceder a la economía cuanto recursos monetarios necesitase.
Además es notable a lo largo de este lapso, en el anhelo industrializador gubernamental, de conseguir el mayor autoabastecimiento nacional; la construcción en 1941 del Instituto Nacional de Industria, para impulsar la construcción de novedosas organizaciones industriales y del desarrollo económico de la país en la perspectiva autárquica de la economía, ha sido una organización que perduró hasta 1995 y que alcanzó conformar un holding de bastante más de 50 organizaciones.
La Autarquía retrasó la apertura internacional y la recuperación de la economía española. Solo en 1955 se recuperaron los niveles más elevados de los felices años 20.
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